LosHechos

⦁ Su plan elevará un 16% la recaudación del tributo, hasta los 3.650 millones.


El Gobierno central recrudece la guerra contra las bonificaciones que aplican las diferentes CCAA, especialmente las gobernadas por el PP, sobre el impuesto de Sucesiones y Donaciones y recupera con más fuerza la idea de crear un nuevo tributo estatal que, en la práctica, anularía estas exenciones y elevaría la tributación.

Esta medida provocaría que los ciudadanos pasasen a pagar automáticamente hasta 520 millones de euros más al año por las herencias y las donaciones que reciben de sus familiares más cercanos. La cuantía supondría incrementar la recaudación del conjunto de las autonomías por Sucesiones y Donaciones un 16%, a los 3.650 millones de euros anuales, tomando en cuenta los 3.130 millones ingresados por las distintas regiones a cierre de 2024, último ejercicio del que hay datos completos.

Ocho CCAA han suprimido el impuesto de Sucesiones y Donaciones en los últimos años al bonificar al 99% estas operaciones entre parientes directos, es decir, entre padres, hijos y cónyuges. De hecho, Madrid ha extendido las mejoras fiscales también a hermanos, tíos y sobrinos. Concretamente, Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana aplican exenciones del 99% en Sucesiones, lo que supone prácticamente eliminar el tributo. Además, otras once CCAA han dejado también exentas en los últimos ejercicios las donaciones de efectivo de padres a hijos para que pueda adquirir su primera vivienda, ante la dificultad de conseguir el ahorro necesario para comprar un inmueble.
Las bonificaciones en el impuesto han reducido la recaudación en estas ocho CCAA en 520 millones de euros desde que las llevaron a cabo hasta el cierre de 2024.

Medidas por CCAA
Andalucía aplicó una exención en Sucesiones del 99% entre familiares más cercanos a partir de abril de 2019. La medida ha bajado la recaudación un 22,7% en los últimos años, desde los 299 millones ingresados en 2018, antes de su puesta en marcha; a los 231 millones, de 2024.

Madrid, que tenía suprimido el tributo desde hace años entre padres, hijos y cónyuges, aprobó con efectos a 1 de enero de 2023 una exención del 25% en el impuesto entre las operaciones entre hermanos, tíos y sobrinos (en 2025, la elevó al 50%), bajando la recaudación de los 662 millones en 2022 a los 546 millones en 2024, un 17,5%.

El Ejecutivo de Castilla y León también aplicó a mediados de 2021 una bonificación del 99% en el tributo, aunque en este caso la recaudación antes de aprobar la bonificación, es decir en 2020, fue de 200 millones de euros, alcanzando los 210 millones en 2024.

Murcia puso en marcha las primeras bajadas en Sucesiones y Donaciones en agosto de 2015 (que incrementó en 2018), de modo que desde entonces hasta 2024 ha pasado de recaudar 96 millones a 37 millones, un 61,4% menos.

Por su parte, la Comunidad Valenciana suprimió desde mayo de 2023 el impuesto, marcando un antes y un después en la recaudación. La región pasó de ingresar 370 millones de euros en 2022, último año completo sin exenciones, a 127 millones de euros en 2024.

Finalmente, Baleares, Canarias y Extremadura eliminaron Sucesiones y Donaciones en 2023, recaudando un año después 43 millones menos entre las tres CCAA.


El plan de Hacienda
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró el pasado viernes durante la rueda de prensa para presentar el nuevo modelo de financiación autonómica que su intención es limitar el dumping fiscal de las CCAA, siguiendo la estela del impuesto de las Grandes Fortunas.

Es decir, el Ejecutivo pretende anular las exenciones que aplican varias Administraciones autonómicas a los impuestos cuya gestión y recaudación tienen cedidos al 100%, como el de Sucesiones y Donaciones (ISD) o el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), creando un nuevo tributo estatal que obligue a pagar a un tipo más alto las herencias, los regalos entre familiares más cercanos o por la compra de inmuebles.

El impuesto a las Grandes Fortunas se creó en diciembre de 2022 para anular las exenciones fiscales de las CCAA al impuesto de Patrimonio. De este modo, los contribuyentes pagaron el primer año a un tipo reducido el tributo autonómico, mientras que lo que habían dejado de ingresar por las bonificaciones, pasaron a abonarlo al Estado central a través de la nueva tasa.

La Hacienda estatal recaudó 623 millones de euros el primer año que aplicó el impuesto a los ricos. Las distintas CCAA que tenían bonificado Patrimonio como Andalucía, Madrid y Galicia reaccionaron en masa y reactivaron el tributo de cara a 2023 para recaudar ellas y no el Estado el dinero de sus residentes más adinerados.

La ministra apuntó el viernes que no había incluido ninguna figura similar en la reforma del sistema de financiación autonómica para evitar las exenciones en estos impuestos, pero sí confirmó que su objetivo es actuar para que estos impuestos no queden en nada y poder "dotar de mayor corresponsabilidad fiscal a las CCAA".

Cabe recordar que el Gobierno central lleva desde 2019 sacando y guardando en el cajón la idea de crear un impuesto estatal para armonizar Sucesiones, aunque fue a partir de 2023 cuando retomó la iniciativa con fuerza. El mensaje provocó que tuvieran lugar casi 200.000 donaciones en 2024, una cifra nunca antes vista y un 15% superior a la del ejercicio anterior. Los expertos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) achacaron el alza de donaciones al miedo a una subida fiscal de las herencias.

Cataluña, el 'infierno' fiscal
Cataluña es la comunidad más cara para heredar, ya que es una de las cuatro regiones españolas que menos bonificaciones aplica al impuesto de Sucesiones y Donaciones, junto con Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha. Esto se ha traducido en una importante escalada de ingresos para la autonomía en los últimos años. La Hacienda catalana recaudó en 2024 un total de 1.111 millones de euros por este tributo, una cifra récord, un 16% superior a la de un año antes y casi cuatro veces más que hace una década. La comunidad aglutina el 35% de la recaudación nacional por este impuesto. (elEconomista.es, 13-01-206)