LosHechos

La empresa pública defiende que retiró el material para evitar su deterioro, pero la CIAF y la Guardia Civil advierten de que movilizó fuentes de prueba sin autorización judicial.

La conservación de las fuentes de prueba del accidente ferroviario de Adamuz ha provocado un enfrentamiento entre el juzgado y Adif después de que la empresa pública se llevara material de las vías sin la correspondiente autorización judicial. El gestor de la infraestructura asegura en un informe que firma con Ineco que se llevó más de una decena de soldaduras a un depósito de mantenimiento en Hornachuelos (Córdoba) para evitar el deterioro de estas piezas.

En este informe, que se redactó el 9 de febrero y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la empresa dependiente del Ministerio de Transportes aporta una relación de fotografías relativas al material que retiraron de las vías en la madrugada del 22 al 23 de enero, esto es, cuatro días después del accidente que ha costado la vida a 46 personas. En la introducción de dicho informe se explica que tras el rescate de los últimos fallecidos se retiraron de lugar de los hechos el personal de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la Guardia Civil sin que se adoptara ninguna medida cautelar en la zona o sin precintar los cupones.

Por ese motivo, reza el documento, operarios de Adif procedieron al traslado de todo este material a la base de Hornachuelos hasta donde se desplazó la Guardia Civil el 3 de febrero para proceder a su precinto. La empresa pública asegura que ni manipuló ni alteró estas fuentes de prueba y que ha estado "en todo momento" a disposición judicial. Además, incluyó en su informe el lugar exacto de la localización de las soldaduras, así como imágenes de los cupones y de trozos de aguja que también trasladaron al depósito.

Orden verbal de retirar el material
Con todo, este informe se elaboró dos días después de que la Guardia Civil advirtiera a la juez que investiga el siniestro ferroviario de que Adif había retirado fuentes de prueba del lugar de los hechos sin que conste que estuviera autorizada para ello. En su oficio, el Instituto Armado advirtió de que tuvo conocimiento de estos hechos el 6 de febrero, cuando interrogó al responsable de esta base de mantenimiento de Adif. Este empleado declaró ante los agentes que el 22 de enero recibió "orden verbal" del jefe de área de Adif para que retirara los cupones de rail y los trasladara a la base ubicada en Hornachuelos.

Aunque el informe de Adif especifica que no se ha manipulado ni alterado ninguna fuente de prueba, este operario dijo que se realizaron "ensayos" sobre los citados rieles, si bien dijo que las pruebas "no fueron destructivas". "Entre los cupones en los que se encontraban las soldaduras sobre las que se han realizado los ensayos, pudieran encontrarse las que pretendía analizar la CIAF y sobre las que se solicitó autorización a su señoría", reza el informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el 2 de febrero agentes del Instituto Armado enviaron un correo a la empresa pública advirtiendo que no realizaran "ningún tipo de actuación en las soldaduras sin autorización previa". Un día después se desplazaron a la base de almacenamiento para llevar a cabo el precinto de las soldaduras. Al respecto, el oficio policial hace hincapié en que, hasta el 28 de enero no se comunicó a Adif que disponía de autorización para acceder a la zona del accidente, esto es, cinco días después de que hubieran retirado el material de la vía.

El oficio policial ha dado pie a la titular del juzgado de instrucción número 2 de Montoro (Córdoba) a que advierta al gestor público de que cualquier actuación que se ejecute al margen de la causa judicial puede acarrear responsabilidades penales. "Se requiere a Adif para que se abstenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa y práctica de cualquier prueba sobre el material extraído, si no es previa autorización judicial, así como la restitución inmediata del material que obre en su poder, todo ello bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal que resultara procedente", reza una providencia del pasado 10 de febrero. (La Razón, 2026-02-24)