LosHechos

El magistrado acoge la petición de la Fiscalía Anticorrupción y los cita el próximo 16 de julio por delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez, ha acordado este jueves la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del teniente general Manuel Llamas, actual director adjunto operativo (DAO) del instituto armado, después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado indaga en una presunta red supuestamente dinamizada por la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar a los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) que estaban investigando causas que afectaban al PSOE, el Gobierno y el entorno familiar de Pedro Sánchez. González y el alto mando tendrán que declarar el próximo 16 de julio por delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, puesto que la Fiscalía cree que se “instrumentalizaron” las aperturas de investigaciones internas a agentes como “mecanismo de presión” para crear un “clima” de intimidación que les hiciera autocensurarse.

Según la investigación, la directora de la Guardia Civil se reunió en tres ocasiones con Díez, aunque ella solo reconoció dos cuando compareció en el Senado el pasado 16 de junio. El primer encuentro, celebrado solo 13 días después de asumir el cargo, afirmó que tuvo lugar cuando la conocida como fontanera del PSOE le pidió tomar un café para tantearla a nivel profesional. En la segunda reunión reconocida, Díez le planteó la posibilidad de que el comandante Rubén Villalba —imputado en el caso Koldo y suspendido de empleo y sueldo— fuera repuesto en su cargo, algo a lo que González aseguró que se negó. La directora del instituto armado insistió en que “nunca jamás” había participado en ninguna trama o conspiración contra la UCO “ni influenciada por Leire Díez ni por ninguna otra persona”.

Los informes de la propia UCO en el marco de este asunto van en línea opuesta y aseveran que la exmilitante socialista “habría conseguido instigar” a González para que “iniciara actuaciones administrativas” contra los agentes que estaban investigando al entorno del Gobierno. En concreto, el sumario detalla tres informaciones reservadas (investigaciones internas que pueden desembocar en la apertura de un expediente disciplinario) que se iniciaron y se archivaron sin consecuencias. Tras haberse hecho públicas estas nuevas imputaciones que ha avanzado EL PAÍS, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reaccionado manteniendo su confianza en la directora y el teniente general Llamas y ha asegurado que “seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera”.

En el auto que este jueves del juez Pedraz se acogen los argumentos del escrito de Anticorrupción, así como del PP, que también había solicitado este miércoles sendas imputaciones, “al existir”, dice el instructor, “indicios de responsabilidad”. Pedraz no accede, en cambio, a la imputación del anterior director de la Guardia Civil Leonardo Marcos (en el puesto desde junio de 2023 hasta septiembre de 2024), que planteaban los populares.

El escrito de la Fiscalía, que fue presentado este miércoles, explica cómo el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán puso “a disposición” de la organización criminal (que integraban presuntamente él, Leire Díez y el empresario Javier Pérez-Dolset) la “infraestructura logística y financiera” del partido para que hicieran ofrecimientos a varios funcionarios como guardias civiles —el capitán Juan Sánchez Yepes (exmiembros de la UCO que está imputado por un asunto de hidrocarburos) o el comandante Villalba— y fiscales —el exfiscal Anticorrupción José Grinda o el fiscal Ignacio Stampa— “a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de su cargo”. Se estableció la premisa, dicen las fiscales, de atacar a la Fiscalía Anticorrupción y a la UCO, y recuerdan que en la libreta de Leire Díez se encontraron anotaciones como “Operación PSOE” o “UCO patriótica”.

A partir de ahí, el Ministerio Público subraya que en el procedimiento ya han declarado seis altos mandos de la Guardia Civil, entre el 23 y el 26 de junio, y que, además, se han recabado las informaciones reservadas que se abrieron en el seno de la benemérita para esclarecer supuestas filtraciones que achacaban a la UCO. Entre los que ya comparecieron ante el juez, los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo (ambos antiguos jefes de la UCO) coincidieron en afirmar que Mercedes González nunca les contó sus reuniones con Leire Díez, una versión que choca con la que ella había dado en el Senado. Es por ello que las fiscales entienden que González solo pueda ir como investigada a la Audiencia Nacional “a fin de salvaguardar su derecho a no declarar, no confesarse culpable y los demás [derechos] que le amparan en dicha condición”.

La Fiscalía se apoya también en los audios que forman parte del sumario y en los que se escucha a Leire Díez alardear del vínculo que tenía con Mercedes González. “Es de mi confianza”, dijo la exmilitante del PSOE en una reunión con el capitán Yepes. El propio comandante Rubén Villalba declaró en el marco de este procedimiento que Díez insistía en que “tenía muy buena relación personal” con la directora. Además, la sucesión de informaciones reservadas en un lapso corto de tiempo ―tres en 10 meses― pudo crear, a juicio del ministerio público, un “clima de incertidumbre profesional objetivamente indóneo para provocar censura, inhibición o moderación en el ejercicio de las funciones investigadores”.

Tres informaciones reservadas
Anticorrupción recuerda las tres informaciones reservadas que se abrieron por orden del DAO o de la directora de la Guardia Civil por “filtraciones” que suponían que habían hecho los investigadores de asuntos como el del hermano de Pedro Sánchez o el del caso Koldo. Una de las informaciones reservadas fue iniciada por orden del teniente general Llamas el 4 de diciembre de 2024 y quería esclarecer una filtración al digital Okdiario que había permitido conocer la dirección de correo de la esposa del presidente del Gobierno, en la causa contra David Sánchez.

Por ese expediente fue citado el entonces coronel de la UCO y hoy general Rafael Yuste como testigo, quien, según han declarado los mandos en la Audiencia Nacional, “quiso asumir toda la responsabilidad que pudiera existir para que sus subordinados no tuvieran que prestar declaración sobre un procedimiento judicializado sobre el que debían continuar las pesquisas sin presiones”. Finalmente, este asunto terminó en archivo, pero Uste y el general al mando de la Policía Judicial, López Malo, relataron “sin fisuras” que ambos fueron llamados por el anterior director en julio de 2024, quien “les reprendió por no haber sido informados de las diligencias practicadas” contra el hermano de Sánchez. La Fiscalía integra la declaración de estos dos mandos que dicen que Marcos les instó a “que se pusieran de perfil” en las causas judiciales de contenido político y a elaborar un informe “en el que se hiciera constar que no había nada”.

La segunda información reservada se inició el 12 de mayo de 2025 y fue a raíz de la publicación de los Whatsapp entre Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al día siguiente de la publicación consta cómo la directora de la Guardia Civil activó el borrado de los mensajes de su conversación con Leire Díez. Previamente, el 29 de abril, el general al mando de la Jefatura de Información había dado cuenta al DAO de la “existencia” de un “grupo de personas” en el que identificaban a Leire Díez y a Santos Cerdán que se estaban reuniendo con imputados de las tramas de fraude de hidrocarburos para buscar información sobre los guardias civiles y desestabilizar los procedimientos. A pesar de ello, la fiscal destaca que Mercedes González mantuvo su relación con la exmilitante del PSOE, a juzgar por esas conversaciones borradas y por algunos de los mensajes que se encontraron en su teléfono móvil en los que decía que se había apostado una comida con la directora de la benemérita a que la filtración provenía de los agentes.

El instructor que designaron dentro de la Guardia Civil para este expediente se “entrevistó informal y personalmente” con el coronel de la UCO, Rafael Yuste, y el jefe de Policía Judicial, López Malo, “para darles noticia de esta incoación y de su voluntad de entrevistarse con los dos magistrados que instruían entonces” el caso Koldo. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente se opuso con contundencia a la apertura de ese expediente y, por eso, terminó archivándose sin realizar ninguna diligencia.

Por último, la tercera información reservada se abrió el 1 de septiembre de 2025 y venía impulsada por una noticia en la que se aseguraba que había tensión por la actuación del teniente general Llamas en el ejercicio de sus funciones. “El titular de portada consiste, básicamente, en cuestionar la actuación del DAO al que dichas fuentes le reprochan que solicite de forma insistente y reiterada que se le anticipe información sobre el contenido de causas penales en curso que afecten negativamente al gobierno”, rezaba la apertura del expediente. También este terminó archivado.

Las fiscales ponen en contexto que los dos generales que han declarado en la Audiencia Nacional sostuvieron que “en toda su carrera profesional no habían sido objeto de informaciones reservadas salvo las que aquí se citan”. Así las cosas, defienden que se pudieron utilizar estos elementos disciplinarios como medio intimidatorio: “La potestad disciplinaria deja de actuar como instrumento de control interno para convertirse en un auténtico medio de intimidación institucional”.

A su juicio, la intimidación no deriva “exclusivamente de una manifestación verbal, sino del ejercicio efectivo y reiterado de un poder administrativo” que es “capaz de comprometer la carrera profesional del investigador, afectar a su reputación” y “limitar sus expectativas de ascenso”, además de “generar un permanente clima de incertidumbre respecto a su continuidad profesional”. (El País, 2026-07-02)