LosHechos

Anticorrupción sostiene que Ferraz puso a disposición de la supuesta trama "su infraestructura logística y financiera".


La Fiscalía Anticorrupción sostiene que las actuaciones de la supuestas "cloacas del PSOE" para intentar neutralizar las causas judiciales que cercan al Gobierno y a la formación que lidera Pedro Sánchez se iniciaron en 2021-2022 con intervención del exconsejero socialista Gaspar Zarrías y de "el hombre de la casa Blanca" (el personaje sin identificar a quien se refiere Leire Díez en una conversación de abril de 2024 con el empresario Javier Pérez Dolset).

Así lo pone de manifiesto el Ministerio Público en el escrito en el que defiende las imputaciones de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas -ya acordadas por el juez Pedraz-, en el que se deja además constancia de que ya en 2024 Zarrías facilitó a la exmilitante socialista Leire Díez, la conocida como "fontanera del PSOE", los números identificativos "de distintos guardias civiles integrantes de la UCO que declararon en el juico de los ERE" con el objetivo de desprestigiar la actuación de la unidad policial al frente de las principales investigaciones que molestan al Gobierno de Pedro Sánchez (entre ellas la que mantiene abierta el juez Peinado contra Begoña Gómez y la que ha llevado a juicio en Badajoz a David Sánchez).

Las fiscales Anticorrupción Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen advierten al juez de la existencia de indicios de que el PSOE, a través del entonces secretario de Organización Santos Cerdán -a quien Pedraz sitúa al frente de la "trama"-, "habría puesto a disposición" del supuesto grupo criminal "su infraestructura logística y financiera, posibilitándose diferentes reuniones orgánicas entre los dirigentes del grupo en la sede del partido en la calle Ferraz, sufragándose la movilidad y alojamiento de sus diferentes miembros". Y lo que considera incluso más "relevante", añade, "financiándose la actividad presuntamente delictiva de los dirigentes y partícipes a través de sociedades interpuestas con la colaboración de sendos abogados", posteriormente serían contratados por el propio PSOE, para la defensa de Koldo García y Santos Cerdán.

Ofensiva contra la UCO
En ese afán por desactivar esas investigaciones judiciales, la trama presentó sucesivas denuncias ante la Fiscalía General del Estado para arrojar sombras sobre la actuación de la UCO, "a las que inmediatamente daban la oportuna publicidad a través de medios de difusión nacional, haciendo germinar el despectivo y contaminante título de la "UCO patriótica"".

Asimismo, impulsaron la sospecha sobre las actuaciones de la unidad policial ante la directora general de la Guardia Civil, lo que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada. Entre los hechos imputados, recuerda la Fiscalía, se encontraba "la posible filtración de mensajes comprometidos de wasap entre Ábalos y otros miembros relevantes de su partido" que habían sido publicados en prensa, pese a que "se conocía, con certeza, que habían sido publicados por aquel".

Del mismo modo, la supuesta organización criminal recopiló "datos e información personal y reservada (secreta por Ley) de los mandos que intervinieron en las investigaciones ya referidas a fin de buscar información comprometida sobre los mismos que pudiera llevar a su neutralización.

El "respaldo e impulso" de Cerdán
A partir de los años 2021-2022, refiere Anticorrupción, las actuaciones de Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset "habrían empezado a contar con el respaldo e impulso de Santos Cerdán, así como con financiación con cargo a fondos del PSOE", tras la imputación de Begoña Gómez y la reflexión de Pedro Sánchez en abril de 2024 para meditar sobre una posible renuncia que finalmente no se produjo.

Para conseguir sus objetivos, mantiene Anticorrupción, Leire Díez habría contado con "el impulso y el soporte intelectual y/o financiero" del resto de los investigados. Entre ellos Santos Cerdrán, que habría acordado "remunerarla por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido", y el exconsejero socialista de Andalucía Gaspar Zarrías, "que prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica", además del letrado Ismael Oliver, "vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire a través de sus sociedades", el también abogado Jacobo Teijelo, letrado de Santos Cerdán, "una vez fue imputado y abandonada su responsabilidad en el partido", quien cobró del PSOE 1250.000 euros por supuestas asesorías jurídicas. (La Razón, 2026-07-02)